Recomendaciones ante la Reunión de Ministros de Salud y Medio Ambiente en el marco de la IV Cumbre de las Américas.
El Foro de Mujeres del Mercosur, Capítulo Argentina, en su calidad de único organismo no gubernamental reconocido como asesor de la Reunión Especializada de la Mujer del MERCOSUR, declara que:
· Teniendo en cuenta el lema de la IV Cumbre : “Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática” ;
· Partiendo de un enfoque integrado de Derechos Humanos, Salud Pública y Equidad de Género ;
· Basándonos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y su Protocolo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional contra todas las formas de Discriminación contra la Mujer, siendo todos ellos tratados de carácter vinculante para los Estados que los han ratificado ;
· De conformidad con los compromisos contraídos en las Cumbres de Miami, Santiago, Québec y Monterrey, referidos a la protección social en materia de Salud entendida como uno de los pilares fundamentales en los que se asienta el progreso de las Naciones y afirmando que el acceso equitativo a los servicios de Salud de calidad sin ningún tipo de distinción, es un elemento central en las sociedades democráticas ;
· De acuerdo con la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que establece que las mujeres, junto a los grupos con menores posibilidades de acceso a los servicios de salud, deben ser los primeros ha ser tenidos en cuenta en el diseño y aplicación de políticas públicas de prevención, atención y promoción de la salud ;
· Tal como lo establece la política de “Salud para todos en el Siglo XXI” de la Organización Panamericana de la Salud, que enfatiza la “necesidad de incorporar la perspectiva de género como instrumento para analizar los impactos de la globalización en el desarrollo y en las políticas estructurales, macroeconómicas y sociales, con especial énfasis en sus relaciones con la salud “ ; · Reconociendo que la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo - CIPD - ha producido un cambio paradigmático en la política poblacional , incluyendo la conceptualización de los Derechos Sexuales y Reproductivos como Derechos Humanos y siendo signatarios todos los Gobiernos de América Latina y El Caribe ;
· Teniendo presente la “Declaración de Doha” o Declaración Ministerial relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC - y la Salud Pública de Noviembre de 2001, reafirmamos el derecho de los países miembros de la Organización Mundial de Comercio, a anteponer la protección de la salud pública ante los intereses privados comerciales, limitando los efectos del monopolio de las patentes y fomentando el acceso universal a los medicamentos a fin de garantizar la salud de toda la población.
Por lo que declaramos el más absoluto rechazo al texto referido a la propiedad intelectual del Acuerdo del Area de Libre Comercio – ALCA
. “La Declaración de Doha (Qatar) reconoció el derecho de los países en desarrollo a tomar medidas en protección de la salud pública. Sin embargo, el texto esbozado en el capítulo de propiedad intelectual del ALCA incluye varias propuestas que, de mantenerse en el texto final, comprometerían a los países de América Latina y El Caribe a cumplir obligaciones adicionales a las adquiridas en el Acuerdo de los ADPIC (ó TRIPS por sus siglas en inglés)
. Los Estados Unidos, en defensa de los intereses de las compañías farmacéuticas transnacionales, pretende imponer sobre los productos farmacéuticos, estándares que exceden los requerimientos establecidos en los ADPIC. En algunos casos, tales estándares se oponen directamente al espíritu y letra de la Declaración de Doha, que reconoce la preocupación por el efecto de las patentes en los precios. La propuesta de los Estados Unidos incluye varios puntos claves que tendrán un impacto negativo sobre el acceso a medicamentos esenciales en las Américas.
El párrafo 6 de la Declaración solicitó al Consejo de los ADPIC que diera una solución para que los países que no tengan capacidad de producción local, pudieran importar versiones genéricas mediando el uso de licencias obligatorias, para que de tal forma se estableciera un libre comercio de genéricos entre los países, utilizando las cláusulas del Acuerdo sobre los ADPIC. Esto ha sido obstaculizado de diversas formas por los Estados Unidos planteando que dicho intercambio debería realizarse para una limitada lista de enfermedades, para algunas de las cuales no hay tratamientos o los medicamentos ya no están protegidos por patentes”.
Boulet P, Cohen RM. Patients versus Profits: TRIPS, FTAA and Access to Medicines Crisis, 2002.
AFIRMAMOS:
1. Que la creación de más y mejor empleo, requiere de la instrumentación de una serie de políticas de Estado, entre las que se deben destacar las orientadas a promover, proteger y garantizar el cumplimiento del derecho a la Salud desde un enfoque integral e interdependiente con el resto de los Derechos Humanos, eliminando las inequidades de género, clase, etnia y edad en el acceso y utilización de los servicios de Salud de calidad.
2. Que el marco de los Derechos Humanos, además de obligar a centrar el análisis en las inequidades y la justicia social, también nos provee de la herramienta de atribución de responsabilidades de los Gobiernos en el cumplimiento de los mismos.
3. Que el Derecho a la Salud es un concepto amplio que puede y debe desglosarse en derechos más concretos como son la salud materna, infantil, reproductiva y sexual.
4. Que el Derecho a la Salud Reproductiva implica la capacidad de disfrutar de una vida sexual plena y sin riesgos así como la libertad para decidir si procrear o no, cuándo hacerlo y con qué frecuencia, por lo que es decisivo entender y atender la salud sexual como otro aspecto del desarrollo personal y social de los pueblos.
5. Que es imprescindible reforzar la autonomía de los Gobiernos y la laicidad de los Estados, frente a las presiones de las jerarquías de sectores religiosos conservadores, orientadas a modificar o impedir la aplicación de políticas públicas que integran la dimensión de género junto a los derechos sexuales y reproductivos, así como la equidad en el acceso a la información, los insumos y los servicios de Salud.
6. Que la penalización del aborto da lugar a prácticas diferenciadas según las posibilidades socioeconómicas de las mujeres, las que se expresan en el elevado porcentaje de morbimortalidad materna de nuestros países, representando un grave problema de salud pública y de injusticia social. Las mujeres con mayores recursos asisten a consultorios privados donde son atendidas por profesionales idóneos en las mejores condiciones de higiene y cuidado. Las mujeres pobres sólo tienen acceso a procedimientos caseros realizados por personas sin preparación profesional o por ellas mismas, conforme a prácticas aprendidas por tradición oral, con el consecuente riesgo para su salud y su vida.
7. Que es necesario superar metodologías e indicadores epidemiológicos y de costos que han engoblado mortalidad con morbilidad y discapacidad, por lo que las enfermedades son “resignificadas” respecto de la morbimortalidad materna y sus causas, quedando ésta relegada en el establecimiento de prioridades y recursos frente al VIH/SIDA, la malaria, el dengue o la tuberculosis.
8. Que los países de nuestra región deben actualizar su información sociodemográfica e incorporar los datos desagregados por sexo en sus reportes situacionales de salud para superar la falta de transparecia e inconsistencia de los mismos. Importantes aspectos de la salud como el aborto infectado, la violencia de género, las ITS (en su mayoría asintomáticas) y la mortalidad materna, en muchos casos se encuentran subregsitrados o no registrados. Este vacío de información respecto a datos de salud sexual y reproductiva, incide en la infravaloración de su incidencia y por lo tanto, en la determinación de recursos.
9. Que debería incluirse entre las áreas prioritarias de los MiSAmA, la que se refiere al “potencial reproductivo” de las mujeres como factor condicionante en el acceso a un trabajo digno, así como a las aseguradoras de salud, ya que los costos de la reproducción son únicamente adjudicados a las mujeres.
10. Que tomando en consideración los datos regionales sobre pobreza, empleo remunerado y no remunerado, resulta necesario aplicar el enfoque de género en el financiamiento de la salud pública ya que la mayor demanda en salud por parte de las mujeres, coincide con su menor capacidad de pago.
11. Que las políticas de ajuste estructural representan una grave “desinversión en capital humano”, ignorando la división sexual del trabajo, el trabajo doméstico no remunerado, así como las relaciones entre el trabajo remunerado y el no-remunerado. Al recortar los recursos en el sector de la Salud Pública, han recargado aún más el rol de las mujeres como productoras informales en la atención de la salud.
12. Que el grave impacto y la propagación de la pandemia del VIH/SIDA sobre la salud de nuestros pueblos y particularmente sobre las mujeres jóvenes, indica la necesidad de informar y educar en salud sexual en todos los ámbitos de la educación, por lo que los Gobiernos deberán realizar mayores esfuerzos en la superación de ideologías basadas en la intolerancia y el desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la población. Así mismo recomendamos establecer acuerdos de cooperación a nivel regional y mundial, así como solicitar mayores recursos al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA para los países de América Latina y el Caribe.
13. Que es impostergable la inclusión de los ministerios de Salud de nuestros países en las negociaciones del ALCA, ya que éstas se realizan en encuentros gubernamentales cerrados, sin participación real de otros ministerios que no sean los de Comercio e Industria, y casi nula participación de organizaciones de la sociedad civil.
REFLEXIONES FINALES
Los programas de ajuste estructual en el campo de las reformas sanitarias, han aplicado la reducción de lo que, desde la concepción económica neoliberal, se interpreta como “gasto público”. Esto ha afectado la salud de la población en general, con un mayor impacto en los sectores sin recursos y especialmente en las mujeres pobres, siendo éstas mayoritarias en el escenario nacional y regional. Las reducciones o recortes de “gastos” en el sector de la salud, han ejercido un efecto devastador sobre la asistencia informal, histórica y culturalmente asignada a las mujeres.
Según Elson y Evers, luego de examinar los Enfoques Sectoriales Ampliados (ESA) de los donantes de fondos destinados a Salud, la relación costo-beneficio de los programas que incluyen el enfoque de género, es mejor que la de los que no lo consideran, por lo que el género demuestra ser también un indicador que debe atravesar las diferentes políticas si se pretende garantizar eficiencia y optimización de los recursos. Entre otros análisis, su aplicación visibiliza los roles sociales que mujeres y hombres desempeñan en las economías de mercado, los que a su vez se expresan en las funciones productivas, reproductivas y de gestión. Esta dimensión permite afirmar que la pobreza afecta más negativamente la salud y supervivencia de las mujeres, ya que la mayor esperanza de vida femenina, no es siempre la regla en los países pobres ni en los grupos de menores ingresos, en los que esta ventaja disminuye o incluso desaparece. Mientras la pobreza multiplica por 2 y hasta por 5 el riesgo de muerte prematura en los varones, entre las mujeres dicho riesgo se multiplica por 4 y hasta por 12. La no-inversión en acciones preventivas y promocionales, facilitando el acceso a información, medicamentos, consultas, estudios y diagnósticos, genera un costo que supera las posibilidades económicas de muchas mujeres, lo que retrasa la búsqueda de atención para sus problemas de salud en general y de su salud sexual y reproductiva, en particular, lo que las enfrenta a un riesgo mayor de enfermedad y muerte. Aplicar enfoques integrados, permitirá entender a la salud como un fenómeno multifactorial y atravesado por relaciones de poder, cuestionando a la epidemiología clásica centrada en la muerte, la morbilidad y los riesgos individuales. Estos enfoques plantean la necesidad de realizar abordajes multisectoriales e interdisciplinarios de salud, asumiendo la integralidad de los Derechos Humanos en su doble vertiente de libertad y justicia y atribuyendo responsabilidades al sufrimiento innecesario. Incluir y atravesar dichos enfoques con la dimensión de género en la formulación y monitoreo de politicas públicas sanitarias, obedece a mandatos explícitos de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, basados en las obligaciones surgidas de los compromisos internacionales de carácter vinculante adoptados por nuestros países en el seno de las Naciones Unidas.
Finalmente, afirmamos que la igualdad en el acceso a los recursos del desarrollo se logrará si las mujeres son concebidas como sujetas centrales del mismo. En realidad lo que se pretende es la superación de la pobreza conjuntamente con la construcción de sociedades más democráticas e igualitarias, concibiendo al desarrollo como un proceso destinado a impulsar el crecimiento y la distribución equitativa de los recursos para ampliar la igualdad de oportunidades, en escala humana y con perspectiva de género.
Ester Nani
Coordinación General
Zunilda Valenciano
Presidenta
Foro de Mujeres del Mercosur – Capítulo Argentina
Actividad del Programa "Mujer y Ciudadanía" en el C.G.P. Nro. 2 de la Ciudad de Buenos Aires - Año 2001
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